La verdad detrás de la expropiación y el aumento eléctrico

Propuestas políticas para expropiar o forzar la reducción de tarifas eléctricas en la isla, es una trampa económica turística que podría costarle millones a Honduras.

Honduras, 3 de noviembre del 2025.– El paraíso caribeño de Roatán, el pulmón turístico de Honduras vive su propio “huracán”, ya que hay un debate energético con tintes políticos que trasciende a nivel local.

De acuerdo con fuentes de información, entre estas oficiales, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) presentará el nuevo pliego tarifario, pero el clima electoral ha metido mano al introducir propuestas con intereses de expropiar a la operadora privada o imponer tarifas obligatoriamente más baratas.

Actualmente, la empresa eléctrica de la isla atiende a más de 20,000 clientes y desde 2008 ha invertido millones en nueva infraestructura con una capacidad instalada que pasó de 6.6 MW en 1992 a más de 43 MW, con generación LPG, eólica y solar con baterías de almacenamiento.

Esto ha garantizado un suministro estable en un territorio donde la demanda turística no admite apagones ni fallas. Sin embargo, el discurso político ha simplificado un tema técnico y financiero complejo.

Aunque la intervención suena atractiva para ciertos grupos, los especialistas advierten que una medida así podría generar costos muy superiores a los de la tarifa vigente.

“Tormenta” de arbitrajes contra el país

De acuerdo con analistas financieros y en relaciones internacionales, el riesgo no es solo local, puesto que Honduras atraviesa uno de sus períodos más delicados en materia jurídica internacional.

El Procurador General, Manuel Díaz Galeas, confirmó que el país enfrenta 16 demandas por arbitraje, que suman entre 12,000 y 13,000 millones de dólares. Al menos siete están ligadas al sector energético, especialmente después de la Ley Especial de Energía, aprobada en 2022.

Solo el caso de Próspera representa casi 11,000 millones de dólares. Otras empresas renovables han iniciado procesos similares alegando expropiación indirecta y violaciones al DR-CAFTA. Esto ha convertido a Honduras en el segundo país más demandado de América Latina entre 2023 y 2024.

En el caso de que el Gobierno decidiera expropiar el sistema eléctrico de Roatán, la empresa, con capital extranjero, tendría base jurídica para reclamar indemnización.

Además, las compensaciones no solo cubren el valor de la infraestructura, sino también ganancias futuras. El caso Exxon Mobil vs. Venezuela mostró que los tribunales internacionales pueden ordenar pagos superiores a los mil millones de dólares en este tipo de disputas.

Por lo tanto, los expertos opinan que, cualquier intento de expropiación, abriría otro proceso que Honduras difícilmente podría ganar sin pagar una factura gigantesca.

Sí la energía falta, todo colapsa

Más allá de los litigios, el impacto práctico es aún más preocupante. Cuando la gestión eléctrica pasa a manos estatales sin planificación ni recursos, el servicio tiende a deteriorarse.

En Honduras, la prueba está a la vista, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha sido descrita por la presidenta Xiomara Castro como un “agujero fiscal”, al acumular pérdidas no técnicas del 38 %, siendo una de las cifras más altas del continente.

La red que hoy sostiene al turismo podría colapsar y dejar sin energía a hoteles, restaurantes y cruceros. El Estado prometen tarifas más bajas, pero el costo sería un servicio malo que golpea directamente al turismo.

Cabe señalar que Roatán recibe en promedio más de 1.7 millones de visitantes cada año. Para la isla, la electricidad no es solo un servicio doméstico, es la base de su economía.

La realidad está a “flor de piel”, por ejemplo, un resort sin aire acondicionado, un restaurante sin refrigeración o un puerto con fallas eléctricas significa cancelaciones, quejas y pérdida de reputación internacional.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo recuerda que el turismo global representa el 10 % del PIB mundial. En islas como Roatán, donde no existe una industria alternativa del mismo tamaño, cualquier crisis energética tiene impacto inmediato en el empleo e ingresos.

La ilusión de una tarifa barata

Las propuestas de bajar la luz por decreto o subsidiar el consumo han sido aplaudidas en algunos sectores y es que la propuesta endulza los oídos. Sin embargo, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI coinciden en que los subsidios generalizados resultan más costosos que la propia tarifa.

Hay casos emblemáticos de países que han aplicado tarifas artificialmente bajas registran tres problemas: más consumo, menos inversión y deterioro del servicio.

Al presentarse este escenario, la empresa no recupera sus costos, deja de invertir en mantenimiento. Cuando el Estado subsidia el consumo, se endeuda y desvía recursos de educación, salud o infraestructura. Ese supuesto alivio termina en un sistema colapsado y sería el mismo escenario que enfrenta el territorio continental hondureño.

Un proceso transparentado

El debate ha sido politizado, pero la revisión tarifaria en Roatán es un proceso legal y técnico. La CREE convocó a la Audiencia Pública bajo el Acuerdo CREE-68-2024, que garantiza transparencia, participación ciudadana y análisis financiero. Las tarifas se calculan con base en costos reales: combustibles, inversión, pérdidas y márgenes razonables.

La operadora funciona bajo un sistema aislado autorizado desde 1992, cuando el Congreso permitió la venta de los activos de la red en la isla. Aunque hubo observaciones sobre su licencia de operación, la empresa está en proceso de regularización formal.

El punto es que no se trata de una compañía irregular, sino de un operador legalmente establecido, que está sujeto a supervisión estatal como cualquier otra empresa.

Las promesas salen caras

Expropiar o imponer tarifas por la fuerza puede sonar popular en campaña. Pero la experiencia de América Latina muestra que estas decisiones terminan en apagones, demandas millonarias y pérdida de inversión.

Para Roatán, el costo sería particularmente alto: inestabilidad eléctrica, daño al turismo, fuga de capitales y una nueva ola de arbitrajes que pagaría el Estado.

Las lecciones de Venezuela, Argentina y Bolivia advierten que lo que empieza como una promesa de tarifa barata suele terminar con la economía a oscuras.

Bajo este panorama, la Audiencia del 4 de noviembre será decisiva. No solo definirá una tarifa, sino el futuro energético y económico de la isla. El reto será elegir entre el aplauso inmediato o la estabilidad de largo plazo.

Si Roatán apuesta por la sostenibilidad, mantendrá encendida la isla que hoy impulsa al Caribe hondureño, caso contrario podría terminar pagando una factura más alta que cualquier recibo de luz.